La nacionalización de industrias del sector minería e hidrocarburos se refiere al riesgo potencial de que un gobierno tome el control estatal de manera repentina y unilateral sobre las operaciones y activos previamente gestionados por empresas privadas, tanto locales como extranjeras, en estas industrias. Este riesgo implica la posibilidad de impactos negativos significativos, como la disminución de la inversión, la fuga de talento, interrupciones en la producción, tensiones diplomáticas y la pérdida de eficiencia operativa. Para afrontar este riesgo, se recomienda establecer marcos legales claros, fomentar el diálogo, diversificar la economía, implementar mecanismos de compensación equitativa y fortalecer la eficiencia operativa y las relaciones internacionales.