La crisis de representatividad estatal se refiere a la falta de conexión y representación efectiva entre los líderes políticos y la ciudadanía, lo que resulta en una pérdida de confianza, legitimidad y participación en el sistema político. Esta crisis se caracteriza por la desconexión entre los representantes y las necesidades reales de la población, la corrupción y falta de ética en el ámbito político, la concentración del poder y la falta de canales efectivos de participación ciudadana. Sus efectos son perjudiciales, ya que generan desconfianza, apatía política, polarización, fragmentación social, desigualdad, erosión de la legitimidad de las decisiones políticas y deterioro de la calidad democrática. Para afrontar este riesgo, se requiere fortalecer la representatividad, promover la transparencia, fomentar la participación ciudadana y mejorar la ética política.